El gabinete al completo

El INE identifica septiembre de 2026 como el último periodo disponible del IPC; la página consultada no muestra la tasa anual. La tabla de la EPA identifica 2026T2, pero no muestra una tasa nacional en el texto recuperado. Mantener la medida vigente: solicitar al INE que valore y calendarice el desglose mensual COICOP y publicar en el Portal de la Transparencia su estado, plazos y respuestas disponibles.

• El INE señala septiembre de 2026 como último dato del IPC, pero la página consultada no contiene la cifra de variación anual. (septiembre de 2026) fuente ↗
• La tabla consultada no muestra una tasa de paro nacional para 2026T2. (2T 2026) fuente ↗

Salvedades

• La tabla de la EPA recuperada indica «0 series y 0 datos»; por tanto, no permite verificar la tasa nacional del 9,87 % facilitada en el encargo.
• La página de la categoría del IPC confirma el periodo, pero no la tasa anual del 4,9 % facilitada en el encargo.
• No se verificaron cifras adicionales de Banco de España o AIReF en el texto recuperado.

No consta una encuesta ni otro dato de las últimas horas que mida la preocupación económica o la brecha entre el mensaje oficial y la experiencia de los hogares. La cobertura aportada sitúa el debate en previsiones presupuestarias y productividad; no permite atribuir opiniones a la ciudadanía. Los datos oficiales disponibles muestran inflación anual y desempleo, pero no describen por sí solos cómo perciben los hogares la situación. Mantener la solicitud al INE sobre el desglose mensual COICOP y publicar su estado, plazos y respuestas disponibles en el Portal de la Transparencia.

• No se aporta una encuesta ni otro dato citable de las últimas horas que mida la preocupación económica o la brecha entre el mensaje oficial y la experiencia de los hogares. (Sesión 2026-10-19-01) sin verificar
• Variación anual del IPC: 4,9 % (septiembre de 2026) fuente ↗
• Tasa de paro de la EPA: 9,87 % (2T de 2026) fuente ↗
• La cobertura aportada debate previsiones presupuestarias y productividad, sin aportar medición de opinión ciudadana. (19 de octubre de 2026) sin verificar

Salvedades

• No atribuir a la ciudadanía preocupaciones ni una brecha de percepción sin encuesta o evidencia comparable.
• Los indicadores agregados de inflación y empleo no reflejan por sí solos la experiencia económica de cada hogar.

Continuar la solicitud al INE para que valore y calendarice el desglose mensual COICOP; publicar su estado, plazos y respuestas en el Portal de la Transparencia, conforme a la Ley 19/2013. Para el análisis presupuestario y de productividad, utilizar las evaluaciones de la AIReF y los instrumentos de estabilidad presupuestaria vigentes. Los indicadores disponibles describen precios, empleo y deuda, pero no bastan por sí solos para determinar medidas sobre pensiones o previsiones autonómicas. No se propone crear organismos ni estructuras nuevas.

• La Ley 19/2013 establece el marco de transparencia y acceso a la información pública aplicable a la publicación del estado de la solicitud al INE.: Ley 19/2013, de 9 de diciembre (2013) fuente ↗
• La AIReF es un organismo existente para la evaluación de previsiones y políticas fiscales; su marco legal es la Ley Orgánica 6/2013.: AIReF; Ley Orgánica 6/2013 (2013) fuente ↗
• El marco de estabilidad presupuestaria vigente incluye la Ley Orgánica 2/2012.: Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (2012) fuente ↗
• Variación anual del IPC: 4,9 %.: 4,9 % (septiembre de 2026) fuente ↗
• Tasa de paro de la EPA: 9,87 %.: 9,87 % (2.º trimestre de 2026) fuente ↗
• Deuda de las administraciones públicas como porcentaje del PIB.: 101,4 % (2.º trimestre de 2026) fuente ↗
• La medida de seguimiento estadístico no acredita por sí sola efectos sobre productividad ni determina decisiones sobre pensiones o previsiones autonómicas.: No se aportan datos verificables que permitan establecer esos efectos sin verificar

Salvedades

• El desglose estadístico puede mejorar el seguimiento de precios, pero no equivale a una evaluación causal ni sustituye el análisis fiscal de la AIReF.
• Las comparaciones territoriales requieren atender a las definiciones y unidades de cada indicador.

El BOE publica el 16 de octubre de 2026 la modificación del plan de Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga. El plan suma 240 créditos ECTS, según el anexo de la resolución. No se verificó en las páginas leídas una cifra actualizada de abandono educativo temprano. Propuesta: mantener la publicación en el Portal de la Transparencia del estado y calendario de las solicitudes ministeriales de datos educativos, dentro de los plazos y límites legales.

• La modificación del plan de Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga se publicó el 16 de octubre de 2026. Cita literal: «Publicado en: “BOE” núm. 257, de 16 de octubre de 2026».: Publicación en el BOE (16 de octubre de 2026) fuente ↗
• El plan modificado suma 240 créditos ECTS. Cita literal: «Total. 240».: 240 créditos ECTS (2026) fuente ↗

Salvedades

• La página de partida del INE recuperada corresponde a índices de precios y condiciones de vida; no contiene una cifra de abandono educativo temprano.
• La página de estadísticas del Ministerio recuperada no permitió verificar una cifra de abandono educativo temprano.

No hay encuestas ni datos de conversación aportados que permitan determinar qué preocupa o se debate sobre educación en las últimas horas; la percepción ciudadana no está verificada. El BOE recoge cuatro disposiciones sobre planes universitarios y una sobre un convenio del IMSERSO: son publicaciones administrativas, no mediciones de experiencia ciudadana. El abandono educativo temprano fue del 13,7 % en 2024, pero ese indicador no permite inferir opiniones. Mantener en el Portal de la Transparencia el estado, calendario y respuesta publicable de las solicitudes ministeriales de datos educativos, dentro de los plazos y límites legales.

• No se han aportado encuestas ni datos de conversación ciudadana sobre educación en las últimas horas. (Sesión 2026-10-19-01) sin verificar
• El BOE publicó cuatro disposiciones sobre planes universitarios y una sobre un convenio del IMSERSO; estas publicaciones no acreditan percepción ciudadana.: 5 disposiciones (2026) fuente ↗
• Abandono educativo temprano en España.: 13,7 % (2024) fuente ↗

Salvedades

• Las disposiciones del BOE y el indicador de abandono no permiten establecer qué vive o piensa la ciudadanía.
• No atribuir a la ciudadanía preocupaciones o debates sin una fuente de percepción verificable.

La medida puede ejecutarse con los instrumentos de transparencia ya vigentes, sin crear una estructura nueva. La Ley 19/2013 regula las solicitudes de acceso, su resolución y la formalización del acceso. El Ministerio puede usar el Portal de la Transparencia para informar del estado y publicar las respuestas, cuando proceda. El calendario de tramitación debe presentarse como información de seguimiento, sin sustituir los plazos legales.

• La Ley 19/2013 regula el derecho de acceso, la tramitación de solicitudes, su resolución y la formalización del acceso.: Instrumento vigente (2013) fuente ↗
• El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado ya ofrece un canal institucional para publicar información y tramitar solicitudes de acceso.: Portal de la Transparencia de la AGE fuente ↗
• La Ley 19/2013 permite reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a determinadas resoluciones sobre el acceso.: Organismo y vía de reclamación existentes (2013) fuente ↗
• Propuesta ejecutable: mantener en el Portal el estado, el calendario estimado y la respuesta publicable de las solicitudes ministeriales de datos educativos, dentro de los plazos y límites legales.: Aplicación de instrumentos vigentes; no requiere crear organismos fuente ↗

Salvedades

• El calendario publicado debe distinguirse de los plazos legales de resolución.
• La publicación de respuestas debe respetar los límites al acceso, la protección de datos personales y la formalización legal del acceso.

REE no muestra en la página consultada una lectura diaria verificable para el 17 de octubre de 2026; no se confirma aquí el dato comunicado de 591.505 MWh. El BOE publicó el 16 de octubre dos resoluciones que desestiman solicitudes de autorización para instalaciones fotovoltaicas híbridas en Soria. También publicó la autorización para repotenciar una línea de 400 kV en Málaga, Granada y Almería. Medida única: solicitar al IDAE, por sus canales vigentes, el estado y el plazo del informe pendiente.

• La lectura de demanda eléctrica peninsular diaria de 591.505 MWh para el 17 de octubre de 2026 no aparece en el texto recuperado de la página de REE. (2026-10-17) fuente ↗ sin verificar
• El BOE desestimó la solicitud de autorización de la instalación fotovoltaica Bordecorex Norte, de 44,199 MW de potencia instalada.: 44,199 MW; solicitud desestimada (Publicado el 2026-10-16; resolución de 2026-09-09) fuente ↗
• El BOE desestimó la solicitud de autorización de la instalación fotovoltaica Ventosa del Ducado, de 43,89 MW de potencia instalada.: 43,89 MW; solicitud desestimada (Publicado el 2026-10-16; resolución de 2026-09-09) fuente ↗
• Se otorgó autorización administrativa previa y de construcción para repotenciar una línea aérea de transporte de 400 kV en Málaga, Granada y Almería.: 400 kV; autorización otorgada (Publicado el 2026-10-16; resolución de 2026-09-16) fuente ↗
• La página de inicio del IDAE consultada no informa del estado ni del plazo del informe pendiente. (Consulta de 2026-10-19) fuente ↗ sin verificar

Salvedades

• La página de REE recuperada muestra textos de plantilla y no contiene la lectura diaria ni su unidad; la cifra de 591.505 MWh se deja sin verificar.
• La página de inicio del IDAE no permite comprobar el estado ni el plazo del informe pendiente.
• Citas literales recuperadas: REE, «{{'general.noDisponible' | translate}}»; BOE-A-2026-21603, «instalación fotovoltaica Bordecorex Norte, de 44,199 MW de potencia instalada»; BOE-A-2026-21604, «instalación fotovoltaica Ventosa del Ducado, de 43,89 MW de potencia instalada»; BOE-A-2026-21606, «autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción».

No hay encuesta ni dato citable nuevo sobre qué preocupa a la ciudadanía ni sobre la brecha con el mensaje oficial. REE publica una demanda peninsular diaria de 591.505 MWh para el 17 de octubre de 2026; es un dato del sistema, no de facturas ni percepción social. El BOE recoge dos desestimaciones de solicitudes y una autorización a Red Eléctrica de España, con resoluciones de septiembre de 2026. Mantener el seguimiento y solicitar al IDAE, por sus canales vigentes, el estado y el plazo del informe pendiente.

• Demanda eléctrica peninsular diaria: 591.505 MWh (17 de octubre de 2026) fuente ↗
• El BOE desestima una solicitud de Biovent Energía, SA, de autorización administrativa previa y de construcción: Resolución de 9 de septiembre (2026) fuente ↗
• El BOE desestima una solicitud de Iberdrola Renovables Castilla y León, SA, de autorización administrativa previa y de construcción: Resolución de 9 de septiembre (2026) fuente ↗
• El BOE otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa previa y de construcción: Resolución de 16 de septiembre (2026) fuente ↗
• No hay información nueva aportada que permita establecer qué preocupa a la ciudadanía o medir la brecha con el mensaje oficial sin verificar
• Solicitar al IDAE, por sus canales vigentes, el estado y el plazo del informe pendiente: Propuesta de seguimiento (2026) sin verificar

Salvedades

• La demanda eléctrica diaria no permite inferir por sí sola la percepción ciudadana ni el impacto en las facturas.

REE registra una demanda eléctrica peninsular diaria de 591.505 MWh el 17 de octubre de 2026. La Ley 24/2013 y el Real Decreto 1955/2000 enmarcan las autorizaciones energéticas; la Dirección General de Política Energética y Minas ya dicta resoluciones. Las resoluciones del BOE aportadas muestran actuaciones recientes de esa Dirección General sobre autorizaciones. Medida: solicitar al IDAE, por sus canales vigentes, el estado y el plazo del informe pendiente.

• Demanda eléctrica peninsular diaria: 591.505 MWh (2026-10-17) fuente ↗
• Marco legal de las autorizaciones energéticas: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: Norma vigente de referencia; la Dirección General de Política Energética y Minas tramita y resuelve autorizaciones de su competencia (2013) fuente ↗
• Procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica: Real Decreto 1955/2000: Instrumento regulatorio existente (2000) fuente ↗
• La Dirección General de Política Energética y Minas publicó resoluciones sobre solicitudes de autorización de Biovent Energía, SA, e Iberdrola Renovables Castilla y León, SA, y sobre una autorización a Red Eléctrica de España, SAU: Resoluciones de 9 y 16 de septiembre de 2026; los detalles completos de los títulos no constan en la información facilitada (2026) fuente ↗
• Estado y plazo del informe pendiente del IDAE: No verificado fuente ↗ sin verificar

Salvedades

• No consta información verificada sobre el estado ni el plazo del informe pendiente del IDAE.

El INE mantiene como último dato de innovación empresarial el año 2024, publicado el 18 de diciembre de 2025. El gasto en actividades innovadoras fue de 23.554.119 miles de euros; el 27,3% de las empresas innovó en 2022-2024. La página consultada no ofrece datos sobre percepción ciudadana ni sobre ataques con IA. Mantener la medida vigente de publicar el estado, los plazos y las respuestas publicables de las solicitudes ministeriales al INE, respetando el secreto estadístico.

• Gasto empresarial en actividades innovadoras: 23.554.119 miles de euros (2024) fuente ↗
• Porcentaje de empresas innovadoras: 27,3% (2022-2024) fuente ↗

Salvedades

• Cita literal del INE para el gasto: «El gasto en actividades innovadoras aumentó un 13,0% en 2024 respecto a 2022 y se situó en 23.554 millones de euros.» La tabla de la misma página da el valor exacto en miles de euros: 23.554.119.
• Cita literal del INE para la proporción: «El 27,3% de las empresas españolas fueron innovadoras en el periodo 2022-2024.»
• La portada del CDTI y el catálogo de datos.gob.es devolvieron páginas sin texto legible. La categoría general de INE consultada no contenía cifras de innovación; se consultó la página de últimos datos de la operación.
• Los titulares sobre ataques con IA no constituyen evidencia oficial de una necesidad cuantificada; no se propone una medida nueva con los datos leídos en esta consulta.

No hay encuesta ni escucha social aportada que permita confirmar qué preocupa o se debate sobre innovación en las últimas horas. Los titulares sobre ataques con IA dan contexto, pero no acreditan la percepción ciudadana ni su alcance. El indicador del INE describe actividad innovadora empresarial, no opiniones o experiencias de la población. La medida vigente de publicar el estado de solicitudes de datos al INE mejora la transparencia, pero no resuelve esa falta de medición.

• Percepción ciudadana sobre innovación en las últimas horas: Sin encuesta ni escucha social aportada que permita verificarla (2026-10-19) sin verificar
• El 27,3% de las empresas fueron innovadoras durante el periodo 2022-2024; el indicador mide actividad empresarial, no opinión ciudadana: 27,3% (2022-2024) fuente ↗
• La medida vigente de publicar el estado, los plazos y las respuestas publicables de las solicitudes de datos al INE acredita transparencia administrativa, pero no mide percepción ciudadana: Medida ya planteada; no cubre la falta de medición de percepción (2026-10-18) sin verificar

Salvedades

• Los titulares sobre ataques con IA son contexto periodístico, no evidencia de la opinión ciudadana ni de la prevalencia de esas preocupaciones.
• Mantener la medida vigente en el Portal de la Transparencia y señalar que no hay datos verificados de percepción; no presentar los indicadores empresariales como opinión pública.

La noticia trata de ciberseguridad policial y de inteligencia, no de un indicador de innovación empresarial. Ya existen organismos y marcos legales para la IA y la ciberseguridad; no se justifica crear otro. La medida propuesta es que Red.es canalice, dentro de sus instrumentos vigentes, la colaboración con AESIA e INCIBE para identificar soluciones de IA aplicables a ciberseguridad y derivar las necesidades operativas a los organismos competentes. Los indicadores del INE sobre innovación empresarial miden actividad de empresas, no ataques ni opinión ciudadana.

• La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) ya existe.: Creada por el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto. (2023) fuente ↗
• La regulación europea de inteligencia artificial ya está en vigor.: Reglamento (UE) 2024/1689; establece normas armonizadas sobre inteligencia artificial. (2024) fuente ↗
• La ciberseguridad policial y la actividad del CNI tienen marcos legales propios.: Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Ley 11/2002, reguladora del CNI. (1986; 2002) fuente ↗
• Red.es, CDTI, OEPM e INE son fuentes e instrumentos institucionales existentes para el ámbito de innovación.: No se acredita con los datos aportados una medida específica de estos organismos sobre los ataques descritos. fuente ↗
• Los indicadores del INE citados sobre innovación empresarial no miden amenazas o incidentes de ciberseguridad.: El 27,3% de empresas innovadoras corresponde al periodo 2022-2024, según el dato aportado por el gabinete. (2022-2024) fuente ↗
• Los titulares de prensa aportados no verifican por sí mismos la escala de ataques con IA ni acreditan un nuevo mecanismo institucional.: No hay cifra oficial de ataques en la información facilitada. sin verificar

Salvedades

• La noticia no aporta datos oficiales sobre volumen, impacto o tendencia de ataques con IA; no deben inferirse cifras.
• La actuación operativa corresponde a los organismos competentes en seguridad e inteligencia; Red.es no debe asumir funciones policiales ni del CNI.
• La propuesta debe ejecutarse mediante instrumentos y recursos vigentes de Red.es, sin crear órganos nuevos.

El INE consultado publica 478.990 inmigraciones desde el extranjero en el primer semestre de 2022, dato provisional; la página no aporta una actualización posterior. El BOE recoge una subvención para promover el deporte en centros de migraciones, no una actualización de los indicadores seguidos. Se mantiene una única medida: publicar en el Portal de la Transparencia el estado, los plazos y las respuestas publicables de las solicitudes pendientes, respetando los límites legales.

• Inmigraciones desde el extranjero, total.: 478.990 personas (Primer semestre de 2022 (provisional)) fuente ↗
• El BOE publicó un real decreto que regula una subvención al Comité Olímpico Español para promover el deporte en centros de migraciones.: Real Decreto 831/2026, de 14 de octubre (2026) fuente ↗

Salvedades

• La página del INE consultada muestra resultados provisionales del primer semestre de 2022 y no permite verificar una cifra migratoria más reciente.
• La página de estadísticas de Inclusión y Migraciones no cargó (error HTTP 403); la página de partida del INE no contenía los indicadores migratorios buscados.
• No se verificaron aquí una actualización de la tasa de empleo de la población extranjera ni una cifra de afiliación de personas extranjeras a la Seguridad Social.

No hay encuesta ni dato reciente citado que permita medir qué preocupa a la ciudadanía o la brecha con el mensaje oficial. La conversación pública disponible se centra en el riesgo de entradas en Ceuta y la suspensión del voto de personas nacionalizadas por la ley de nietos; los titulares no acreditan opinión ciudadana. La medida vigente de seguimiento en el Portal de la Transparencia puede informar sobre solicitudes ministeriales, pero no resuelve esos debates ni asuntos fuera de la competencia ministerial. Propuesta: mantener ese seguimiento y actualizar en los canales existentes la información publicable, los plazos y la derivación de consultas.

• No se ha aportado una encuesta ni un dato citable reciente sobre la percepción ciudadana del asunto. (2026-10-19) sin verificar
• La cobertura disponible debate el riesgo de entradas en Ceuta y la suspensión del voto de personas nacionalizadas por la ley de nietos; no permite inferir opinión pública. (2026-10-19) sin verificar
• El Real Decreto 831/2026 regula una subvención al Comité Olímpico Español para promover la práctica del deporte en centros de la red pública; no es una medida migratoria. (2026) fuente ↗
• La información publicable sobre solicitudes ministeriales puede actualizarse en el Portal de la Transparencia conforme a la Ley 19/2013. (2013) fuente ↗

Salvedades

• Los titulares aportados describen temas debatidos, no mediciones de percepción; no permiten establecer una brecha entre opinión pública y mensaje oficial.
• La solicitud sobre Ceuta y las consultas sobre el voto pueden exceder la competencia del ministerio o los límites legales de publicación.

Mantener la medida vigente: publicar en el Portal de la Transparencia el estado, los plazos y las respuestas publicables de las solicitudes ministeriales de datos migratorios. La Unidad de Información de Transparencia y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno son cauces existentes; aplicar la Ley 19/2013 y sus límites. La medida sirve para tramitar y dar seguimiento a solicitudes, pero no resuelve por sí sola los asuntos sobre Ceuta, Marruecos o el voto de nacionalizados. No se propone crear organismos ni se verifica con las fuentes aportadas una nueva medida migratoria específica.

• La Ley 19/2013 regula el acceso a la información pública y establece límites al derecho de acceso.: Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; artículos 14 y 15 sobre límites y protección de datos. (2013) fuente ↗
• El Portal de la Transparencia y la Unidad de Información de Transparencia son cauces existentes para gestionar solicitudes de acceso en el ámbito ministerial.: Mantener actualizado el seguimiento público de solicitudes ministeriales, dentro de los límites legales. fuente ↗
• El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo existente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y atender reclamaciones en materia de acceso.: Cauce institucional vigente; no crear otro organismo. fuente ↗
• El Real Decreto 831/2026 citado regula una subvención al Comité Olímpico Español y, por su título, no acredita una medida migratoria sobre Ceuta.: Disposición ajena a la medida propuesta; no verifica los titulares de prensa sobre Ceuta o Marruecos. (2026) fuente ↗
• La información aportada no permite verificar los titulares sobre el riesgo de una entrada masiva de migrantes ni sobre la suspensión del voto de nacionalizados con la ley de nietos.: No verificado con fuentes oficiales aportadas; la medida de transparencia solo permite tramitar solicitudes de información sujetas a límites legales. (2026) sin verificar

Salvedades

• La publicación de respuestas debe respetar los límites de la Ley 19/2013, incluida la protección de datos y los intereses protegidos por la ley.
• El seguimiento de solicitudes no confirma por sí mismo hechos difundidos en prensa ni sustituye la resolución de asuntos judiciales o electorales.

El SISLE-SNS consultado mantiene como último periodo publicado diciembre de 2025; la página no presenta cifras de pacientes ni de días de espera en el texto recuperado. La actualización indicada es del 24 de septiembre de 2026 y se debe a una rectificación de datos de Castilla-La Mancha. El Ministerio señala que la fidelidad de los datos y el cumplimiento de los criterios de cómputo corresponden a cada administración autonómica. Medida: cuando se publique el informe de diciembre de 2026, completar el anexo ciudadano con cifras contrastadas y límites de interpretación, conforme al Real Decreto 605/2003.

• El último periodo SISLE-SNS disponible en la página consultada es diciembre de 2025; la página anuncia una actualización de los informes.: Diciembre de 2025; actualización publicada el 24 de septiembre de 2026 (2025-12; actualización 2026-09-24) fuente ↗
• La responsabilidad sobre la fidelidad de los datos respecto a la realidad asistencial y el cumplimiento de los criterios de cómputo vigentes corresponde a cada administración autonómica.: Responsabilidad de cada administración autonómica (Información publicada en la página consultada el 19 de octubre de 2026) fuente ↗
• El BOE consultado muestra como último diario publicado el 17 de octubre de 2026.: 17 de octubre de 2026 (2026) fuente ↗

Salvedades

• El texto recuperado de la página SISLE-SNS no incluye cifras de pacientes ni de días de espera; por tanto, no se actualizan esos indicadores.
• Las dos disposiciones del BOE proporcionadas en el encargo no aportan datos sobre listas de espera.

No hay encuesta ni dato citable de las últimas horas que permita medir qué preocupa o se discute sobre las listas de espera; la percepción ciudadana no está verificada. El último periodo publicado del SISLE-SNS sigue siendo diciembre de 2025, con actualización por rectificación el 24 de septiembre de 2026. Ese registro describe la situación de entonces, no la experiencia actual de los pacientes. Los dos documentos recientes del BOE citados no aportan información sobre listas de espera ni opinión ciudadana. Completar el anexo ciudadano cuando se publique el informe SISLE-SNS de diciembre de 2026, contrastando cifras y límites de interpretación conforme al Real Decreto 605/2003.

• No se aporta una encuesta o dato citable de las últimas horas que mida la percepción ciudadana sobre las listas de espera. (2026-10-19) sin verificar
• Último periodo publicado del SISLE-SNS: diciembre de 2025; actualización por rectificación el 24 de septiembre de 2026.: Diciembre de 2025 (2025; actualización: 2026-09-24) fuente ↗
• Pacientes en lista de espera quirúrgica del SNS.: 786095 personas (2025-12) fuente ↗
• Tiempo medio de espera quirúrgica del SNS.: 115 días (2025-12) fuente ↗
• Las disposiciones del BOE citadas tratan sobre autopsias judiciales y una vacante académica; no informan sobre listas de espera ni percepción ciudadana. (2026) fuente ↗

Salvedades

• Confundir datos administrativos de diciembre de 2025 con la experiencia ciudadana actual.
• No atribuir preocupaciones o cambios de opinión sin encuesta o dato citable.

El Ministerio de Sanidad ya publica el SISLE-SNS; el Real Decreto 605/2003 proporciona el marco de información sobre listas de espera. Mantener una sola medida: cuando se publique el informe de diciembre de 2026, completar su anexo ciudadano con cifras contrastadas y límites de interpretación. Las dos disposiciones recientes del BOE citadas no regulan listas de espera y no justifican crear otro organismo o instrumento.

• El Ministerio de Sanidad mantiene publicado el sistema de información de listas de espera del SNS (SISLE-SNS).: Existente fuente ↗
• El Real Decreto 605/2003 establece criterios para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera en el SNS.: Marco normativo existente (2003) fuente ↗
• El último periodo SISLE-SNS disponible según los datos aportados es diciembre de 2025; el informe de diciembre de 2026 todavía no se ha publicado a fecha de esta sesión.: Diciembre de 2025; diciembre de 2026 pendiente de publicación (2025-12 / 2026-10-19) fuente ↗
• Las dos disposiciones recientes del BOE aportadas tratan de autopsias judiciales y de una vacante académica, no de listas de espera.: No son instrumentos aplicables a la medida propuesta (2026) fuente ↗

Salvedades

• No anticipar cifras del informe de diciembre de 2026 antes de su publicación.
• El anexo debe explicitar definiciones, cobertura y límites de comparación de los indicadores conforme al marco vigente.

La categoría del INE sitúa el último dato del IPV en el 2T de 2026. La tabla del IPV consultada no devuelve cifras: muestra «0 series y 0 datos». No quedan verificadas en esta consulta la variación anual del 12,2 % ni el valor tasado de 2.355 €/m². Mantener el seguimiento público de solicitudes de datos ministeriales, con estado, plazos y respuestas publicables conforme a la Ley 19/2013 y los límites legales.

• La categoría del INE indica como último dato del Índice de precios de vivienda el trimestre 2 de 2026.: Trimestre 2/2026 (2T 2026) fuente ↗
• La tabla consultada del IPV presenta cero series y cero datos; no permite comprobar la variación anual nacional ni los rangos autonómicos.: 0 series y 0 datos (2026T2 figura entre los periodos; no hay valores publicados en la consulta) fuente ↗
• Variación anual nacional del IPV comunicada para el 2T de 2026: 12,2 %; la cifra no aparece en el texto recuperado de la tabla. (2T 2026) fuente ↗ sin verificar
• Valor tasado de la vivienda libre comunicado para el 2T de 2026: 2.355 €/m²; la página ministerial no se pudo leer. (2T 2026) fuente ↗ sin verificar

Salvedades

• La consulta de la tabla del IPV muestra «Total: 0 series y 0 datos»; las cifras del 12,2 % y del rango autonómico facilitadas no se verifican.
• La página de estadísticas del MIVAU devolvió error HTTP 403; el valor tasado de 2.355 €/m² y su rango autonómico quedan sin verificar.
• datos.gob.es devolvió una página sin texto legible; no se obtuvo información verificable de esa fuente.

No hay encuesta ni dato aportado que permita medir cómo percibe la ciudadanía la vivienda en las últimas horas. Los datos oficiales facilitados muestran subidas interanuales en el segundo trimestre de 2026 y diferencias entre comunidades; no miden por sí solos la asequibilidad de los hogares. La prensa sitúa en el debate la relación entre vivienda y rentismo, pero sus titulares no acreditan la opinión ciudadana. Mantener en el Portal de la Transparencia el seguimiento de las solicitudes ministeriales de datos, con estados, plazos y respuestas publicables conforme a la ley.

• Variación anual del precio de la vivienda según el IPV: 12,2 % (2T 2026) fuente ↗
• Rango de variación anual del IPV entre comunidades autónomas: De 9,5 % a 15,2 % (2T 2026) fuente ↗
• Valor tasado de la vivienda libre: 2.355 €/m² (2T 2026) fuente ↗
• Rango del valor tasado de la vivienda libre entre comunidades autónomas: De 854,2 a 4.089,6 €/m² (2T 2026) fuente ↗
• Existe una medición de la percepción ciudadana sobre vivienda en las últimas horas (Sesión 2026-10-19-01) sin verificar
• Los titulares de prensa de hoy reflejan un debate sobre vivienda y rentismo, pero no miden la opinión ciudadana (2026) sin verificar
• Los indicadores de precio citados permiten determinar por sí solos la asequibilidad de los hogares (2T 2026) sin verificar

Salvedades

• Una consulta anterior de la tabla del IPV figuró sin valores; contrastar la lectura antes de difundirla.
• Los precios agregados no informan sobre ingresos, alquileres ni esfuerzo económico de los hogares.

Mantener el seguimiento de las solicitudes ministeriales de datos de vivienda en el Portal de la Transparencia, con estado, plazos y respuestas publicables. Aplicar el procedimiento y los límites de acceso de la Ley 19/2013, incluida la confidencialidad estadística. Apoyar la revisión en el INE, las estadísticas del Ministerio y el Observatorio de Vivienda y Suelo ya existentes. No reutilizar el IPV general hasta resolver la discrepancia entre la lectura comunicada y la consulta previa sin resultados.

• El acceso a la información pública y sus límites se rigen por la Ley 19/2013.: Procedimiento vigente; aplicar sus límites legales fuente ↗
• La Ley 12/1989 establece el secreto estadístico para los datos protegidos.: Secreto estadístico fuente ↗
• Variación anual del IPV general comunicada para el segundo trimestre de 2026.: 12,2 % (2T 2026) fuente ↗ sin verificar
• La lectura del IPV general no queda conciliada con el antecedente de la misma tabla, que informó cero series y cero datos.: Discrepancia pendiente de comprobación (2T 2026) fuente ↗
• Valor tasado de la vivienda libre comunicado para el segundo trimestre de 2026.: 2.355 €/m² (2T 2026) fuente ↗
• Organismos e instrumentos existentes para el seguimiento estadístico: INE, estadísticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y Observatorio de Vivienda y Suelo.: Utilizar las estructuras existentes; no crear un organismo nuevo fuente ↗

Salvedades

• La cifra del IPV general está comunicada, pero no debe publicarse como verificada hasta contrastar que la tabla del INE devuelve el valor.
• El valor tasado y los indicadores comunicados no sustituyen la comprobación de la tabla o publicación oficial correspondiente antes de su reutilización.
• Las respuestas a solicitudes deben excluir la información afectada por límites legales o por el secreto estadístico.